Resumen: La Sala desestima el recurso. Es constante la jurisprudencia (por todas, STS de 16 de marzo de 2015, rec. 449/2014) que, al abordar la naturaleza del procedimiento de extradición pasiva, explica que se trata de un procedimiento mixto, de naturaleza administrativa y judicial, en el que se distinguen tres fases: dos gubernativas, la primera y la última, estando en medio la decisiva fase judicial. Estas tres fases están perfectamente delimitadas por la Ley y son totalmente independientes, aunque se subsigan unas a otras. El acuerdo aquí impugnado corresponde a la tercera de estas fases y contiene, exclusivamente, la decisión del Gobierno de dar cumplimiento a la decisión de entrega previamente adoptada por la Audiencia Nacional. La edad y el deteriorado estado de salud del recurrente fue ya valorado en sede penal. En el presente caso, no cabe apreciar defecto alguno de motivación en un acto del Consejo de Ministros que, descartando el ejercicio de la potestad que la ley le atribuye de denegar la entrega "en el ejercicio de la soberanía nacional", se limita a dar cumplimiento a una previa decisión de la jurisdicción penal que ha concluido con la procedencia de dicha entrega por entender que concurren los requisitos legales para acceder a la extradición. Y nada ha de motivarse cuando el acto se limita a dar cabal cumplimiento a una resolución judicial dictada en un previo proceso jurisdiccional seguido con todas las garantías.
Resumen: La sentencia analiza dos cuestiones: (1) Determinar si el órgano judicial puede sustituir a la Administración competente, en sentencia, acordando la procedencia de una solicitud de revocación -y accediendo a esta-, presentada por un particular contra un acto de aplicación de un tributo, o si, por el contrario, debe limitarse, caso de considerar disconforme a derecho la decisión recurrida, a ordenar la tramitación del procedimiento al órgano competente por ser atribución exclusiva de la administración la incoación y la decisión del procedimiento de revocación. (2) Determinar si la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma que ampara la exacción constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme ex artículo 219 de la Ley General Tributaria. La sentencia, tras remitirse a las SSTS de 9-02-2022 (RC 126/2019) y de 14-02-2022 (RC 442/2019), concluye que tanto el Juzgado como la Sala actuaron con corrección al resolver sobre la revocación planteada, pues contaban con todos los elementos para pronunciarse sobre tal cuestión, sin necesidad de devolver las actuaciones a la Administración tributaria, resultando innecesario el inicio de un procedimiento de revocación cuando -justamente- la circunstancia sobrevenida consistía en la nulidad judicial de la Orden que había constituido el fundamento de la liquidación. Adicionalmente, afirma que tal nulidad, posterior y sobrevenida, resulta un motivo adecuado para la revocación de la liquidación firme.
Resumen: La solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la indicada sentencia debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales;en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica; no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en el supuesto de revocación del art. 219.1 de la LGT por infracción manifiesta de la Ley. Estimación del recurso de casación y estimación, en parte, del contencioso-administrativo solo en la medida en que no cabía la inadmisión de la solicitud de revocación y devolución de ingresos indebidos por poseer en exclusividad el Ayuntamiento la potestad para iniciar de oficio la revocación, cuando la solicitud se cursa en el ámbito del art. 221.3, de devolución de ingresos indebidos mediando acto firme del que solicita su revocación.
Resumen: Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación firme de dicho impuesto amparada en la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. La solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la indicada sentencia debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en el supuesto de revocación del art. 219.1 de la LGT por infracción manifiesta de la Ley. Estimación del recurso de casación y estimación, en parte, del contencioso-administrativo solo en la medida en que no cabía la inadmisión de la solicitud de revocación y devolución de ingresos indebidos por poseer en exclusividad el Ayuntamiento la potestad para iniciar de oficio la revocación, cuando la solicitud se cursa en el ámbito del art. 221.3, de devolución de ingresos indebidos mediando acto firme del que solicita su revocación.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el RD 51/19, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. Rechaza los motivos de impugnación invocados: i) Sobre la improcedencia de la revisión efectuada, razona que la misma viene amparada tanto por las previsiones del art. 89.1 del Reglamento de Planificación Hidrológico (RPH) como del art. 141 del mismo Plan, que posibilitan la revisión cuando los cambios o desviaciones que se observen en los datos, hipótesis o resultados de los planes hidrológicos así lo aconsejen, tomando en consideración en tal sentido las recomendaciones del informe de la Comisión Europea de 10/11/14 (Draft Points) y otros informes obrantes en actuaciones. ii) Sobre el incumplimiento del procedimiento, parte de que no estamos ante la revisión y actualización periódica y general del planeamiento, a que se refiere el art. 14 de la Directiva 2000/60/CE y el art. 41 del TRLA, sino de una revisión y actualización complementaria para atender las recomendaciones de la referida Draft Points sobre las deficiencias apreciadas por la Comisión en el cumplimiento de la DMA por la planificación hidrológica de las Islas Baleares, rechazando, una a una, las concretas deficiencias de procedimiento denunciadas. iii) Sobre el cuestionamiento del contenido normativo del PHIB, se basa en el limitado alcance del control jurisdiccional de la potestad reglamentaria, rechazando también la impugnación del art.129.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. Al decidir sobre la solicitud de la nacionalidad española de una mujer que, por su procedencia de países con un contexto sociocultural que comportan una "deficiente formación cultural y personal", el requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española que impone el artículo 22.4º del Código Civil , debe ser valorado conforme a la especial vulnerabilidad que esa formación comporta, debiendo adaptarse la integración conforme a dicha formación y al grado particularizado que, conforme a ella, sea admisible y suficiente; debiendo extremarse la motivación de manera particularizada sobre esa valoración en la resolución que se dicte. En el caso de autos se constata que ninguna de las circunstancias aducidas por la recurrente han sido valoradas. Y sobre esa base se adopta la resolución administrativa recurrida y también la Sala de instancia motiva su sentencia, que reitera lo resuelto por la Administración, y por tanto sin hacer referencia alguna a la formación de la solicitante y la incidencia que comporta dicha integración familiar. Todo ello supone la estimación del recurso y que se case la sentencia recurrida y se dé la razón a la recurrente, anulando la resolución administrativa recurrida, declarando el derecho de la recurrente a la obtención de la nacionalidad española por residencia.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra auto dictado en pieza de ejecución de extensión de efectos que declaró el derecho del recurrente a ser autorizado para que su tarjeta de identidad militar surta efectos de licencia de armas. El auto de admisión del recurso de casación precisó el siguiente interés casacional: si los actos discrecionales pueden o no ser susceptibles de extensión de efectos de sentencia a la luz de la interpretación de los artículos 71.2 y 110.1 a) LJCA en relación con el artículo 117 del arriba citado Reglamento de Armas, relacionando ello con el carácter restrictivo o no del con el que debe ser interpretado el régimen general de la extensión de efectos previsto en ese artículo 110 de la LJCA El TS reitera su doctrina en asuntos idénticos: como regla general hay que estar a la razón por la que la sentencia objeto de extensión anula un acto discrecional y será posible tal extensión si anula un acto discrecional por infracción de los elementos reglados que concurren en su ejercicio (competencia, procedimiento, motivación) o por haberse probado que se incurrió en desviación de poder o por falta del presupuesto para el ejercicio de esa potestad, pero no cabe tal extensión si la sentencia estimatoria sustituye el juicio de oportunidad propio de una potestad discrecional, lo que podrá apreciarse al amparo del artículo 110.5.b) de la LJCA.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra auto dictado en pieza de ejecución de extensión de efectos que declaró el derecho del recurrente a ser autorizado para que su tarjeta de identidad militar surta efectos de licencia de armas. El auto de admisión del recurso de casación precisó el siguiente interés casacional: si los actos discrecionales pueden o no ser susceptibles de extensión de efectos de sentencia a la luz de la interpretación de los artículos 71.2 y 110.1 a) LJCA en relación con el artículo 117 del arriba citado Reglamento de Armas, relacionando ello con el carácter restrictivo o no del con el que debe ser interpretado el régimen general de la extensión de efectos previsto en ese artículo 110 de la LJCA El TS reitera su doctrina en asuntos idénticos: como regla general hay que estar a la razón por la que la sentencia objeto de extensión anula un acto discrecional y será posible tal extensión si anula un acto discrecional por infracción de los elementos reglados que concurren en su ejercicio (competencia, procedimiento, motivación) o por haberse probado que se incurrió en desviación de poder o por falta del presupuesto para el ejercicio de esa potestad, pero no cabe tal extensión si la sentencia estimatoria sustituye el juicio de oportunidad propio de una potestad discrecional, lo que podrá apreciarse al amparo del artículo 110.5.b) de la LJCA.
Resumen: El TS examina el recurso formulado por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, contra la D.A. 7ª del R. D. 139/2020, de 28 de enero; la D.F. del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo; la D.F. 1ª del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril; la D.F. 5ª del R. D. 495/20, de 28 de abril, así como contra los reales decretos que traen causa de aquella, dictados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El reproche es la infracción del principio de profesionalización de los órganos directivos de la Administración General del Estado, la falta de motivación de las disposiciones en la aplicación a la excepción de dicho principio y la nulidad del nombramiento de determinadas Direcciones Generales por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. La Sala tras examinar las coberturas de distintas Direcciones y recordar la doctrina sobre la excepcionalidad del nombramiento de Director General no funcionario y el control jurisdiccional de la discrecionalidad, por todas, SSTS de 19-2-2013 y de 21-3-2002 (rec. 1060/2000), prevista tanto en la actual regulación, art. 66.2 de la Ley 40/2015, como en la precedente, art. 18.2 de la LOFAGE, acuerda la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa de la Federación respecto algunos de los Reales Decretos examinados, y estima el recurso contra la D.A. 7ª del RD 139/2020, así como la nulidad del inciso 2 e) y 1.1 del citado R.D.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra auto que, en extensión de efectos de sentencia, reconocieron a miembro de la Guardia Real en situación de reserva procedente de la reserva transitoria, el derecho a que su tarjeta de identidad militar surtiese el efecto de licencia de armas de primera categoría. Admitido que fue el recurso de casación para que el TS determinarse si los actos discrecionales pueden o no ser susceptibles de extensión de efectos de sentencia a la luz de la interpretación de los artículos 71.2 y 110.1.a) LJCA en relación con el artículo 117 del Reglamento de Armas, a la vista del carácter restrictivo o no con el que debe ser interpretado el régimen general de la extensión de efectos previsto en el artículo 110 de la LJCA. El TS estima el recurso de casación siguiendo precedentes en la Sala, para reiterar que: será posible tal extensión si anula un acto discrecional por infracción de los elementos reglados que concurren en su ejercicio (competencia, procedimiento, motivación) o por haberse probado que se incurrió en desviación de poder o por falta del presupuesto para el ejercicio de esa potestad; no cabe tal extensión si la sentencia estimatoria sustituye el juicio de oportunidad propio de una potestad discrecional, lo que podrá apreciarse al amparo del artículo 110.5.b) de la LJCA.
